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La madrugada del 4 al 5 de diciembre arrancó en Cataluña una campaña electoral anómala y extraordinaria. Unas horas antes, la misma tarde del lunes, en la sede del Col.legi de Periodistes de Catalunya en Barcelona se celebraba un acto con profesionales de todos los medios catalanes para pedir respeto durante la campaña tanto de injerencias contra la libertad de expresión como respeto físico en manifestaciones de cualquier signo. Los representantes del comité de empresa de TV3 acudían con camisetas con el eslogan ‘Sense mitjans públics lliures no hi ha democràcia’.

1508944114191“No son solo declaraciones como las de García Albiol, o la denuncia de CONCAPA al informativo infantil... Llevamos una temporada, desde el ‘A por ellos’, que no hay manera de poder trabajar. Hay una presión exterior enorme sobre TV3 que repercute en el trabajo, y cada vez que pasa algo un poco polémico no se puede tener un debate profesional sobre cómo resolverlo. Hemos llegado al punto de que la preocupación por el ejercicio del trabajo sea física. Cualquier trabajador de un medio está sometido a las iras de incontrolados dependiendo del color de la manifestación”.

Roser Mercader es la presidenta del Comité de Empresa de TV3 desde 2014 y trabaja en la pública catalana desde 1983. Nos atendió por teléfono el pasado sábado 2 de diciembre en la que ha sido su enésima entrevista desde el 1 de octubre. Admite sensación de asedio en los trabajadores de la pública catalana: “estamos muy sensibilizados y un poquito desesperados”. En los últimos años los periodistas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) han pasado de combatir la manipulación de los medios públicos catalanes de la que ahora otros los acusan, con un ERE y cambios de directores provocados por la cobertura del juicio del 3%, a encontrarse “en el ojo del huracán” de la polémica del procés.

Un penalti en cada área

La campaña ya empieza movida. El Consell Profesional de TV3 ha protestado contra el criterio de la Junta Electoral Central y una asamblea de informativos ha votado que algunas informaciones se acompañen de una advertencia indicando que están condicionadas por la JEC. A raíz de denuncias de PP y Cs la JEC prohibió que se diese tratamiento de “president” a Puigdemont en los informativos. Mercader lamenta “que no pueda haber un debate profesional serio: en cada frase de un vídeo no se puede estar recordando que tal persona está cesada, con decirlo al principio se debería entender por contexto, pero la JEC dice que no”.

Más llamativa, y es un criterio que arranca en 2015, es la obligación de “compensar”, como el árbitro que pita un penalti en cada área –la metáfora es nuestra y no de Mercader–. Si en 2015 la JEC obligó a “compensar” la retransmisión en directo de la manifestación de la Diada con actos de partidos no catalanistas, el pasado noviembre TV3 se vio alegando que había cubierto la manifestación por la libertad de los presos del 11 de noviembre pero también su equivalente constitucionalista del 29 de octubre. “¿Hay que justificar que se cubra uno de cada, como por cuotas de pantalla? No debería ser así, pero aquí estamos”, dice Mercader.

Mercader interpreta cierta “fobia a las radiotelevisiones públicas” por parte de PP y Ciudadanos. Y menciona la amenaza de la combinación de la Ley de Contratos de Servicios Públicas reformada –“regula por fin el IVA para las radiotelevisiones públicas, pero no de forma que sea soportable” – y La Ley de Comunicación Audiovisual, que puede suponer aplicar a los medios públicos el déficit 0. “Todas las empresas de comunicación pública que acaben el año en curso con déficit tendrían que tener un plan para resolver ese déficit en el primer trimestre del año siguiente. Se puede llegar hasta el cierre”. Aclara que “esto a TV3 no creo que esto nos llegue a pasar, pero el instrumento legal existe".

TV3 contra el Govern

Aunque las principales injerencias en el trabajo de los profesionales de TV3, recuerda, han venido del Govern catalán. Los actuales directivos de la CCMA fueron colocados en 2015 “con listas cremallera, pero no hombre-mujer, sino PdeCat-ERC”. “Controlar la Corporación ha sido el deseo de todos los gobiernos de Cataluña, con más o menos éxito dependiendo de la época”, pero la portavoz de los trabajadores cree que “TV3 se ha caracterizado por una alta resistencia profesional”.

El actual director, Vincent Sanchis, es al mismo tiempo vicepresidente de Omnium Cultural, y sustituyó al anterior, Jaume Peral, tras un enfrentamiento de este último con un diputado del PDeCat en la comisión de control del Parlament sobre la CCMA, en la que le recriminó la cobertura del juicio del 3%. Posteriormente Sanchis fue el primer director de TV3 en ser reprobado por el Parlament. Todo esto es posible por la reforma de la Ley de la CCMA del año 2012, aprobada con los votos de CiU y PP, que permite nombrar los cargos directivos con mayorías simples. Este retroceso legal vino acompañado de un ERE que recortó 400 puestos de plantilla y 200 colaboradores. También se intentó externalizar el departamento comercial, encargado de captar publicidad, a la competencia, el Grupo Godó, aunque las protestas y la oposición de ERC lo impidieron.

“El comité de empresa, el Consell Profesional y los trabajadores en asamblea hemos reclamado que se reforme la Ley de la CCMA y por dos veces ha habido proyectos en trámite que se han truncado. El primero lo paró la convocatoria de elecciones de 2015. El segundo ha sido ahora: había un acuerdo unánime de todo el Parlament para una reforma al menos parcial: una elección de los dirigentes de la Corporación con mayorías amplias y con criterios profesionales avalados por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Tenía que haber pasado este septiembre, y este septiembre pasaron muchas cosas pero eso no” lamenta Mercader.

Los medios públicos son del ciudadano

Esta reforma “no nos habría dejado tan expuestos, porque todos los partidos habrían participado en ella y no se habrían sentido tan legitimados a utilizar los medios públicos como arma de debate”. Añade que “el problema de la utilización propagandística de los medios públicos es que está en los propios políticos, y por transmisión llega a los ciudadanos, que dan por sentado que 'si mandan estos, la tele es de estos'”. En casos como el de RTVE, “con la que está cayendo, creo que se está visibilizando bastante la resistencia profesional”. 

La portavoz de los trabajadores de TV3 cree que “hace falta mucha campaña para que la ciudadanía entienda que los medios públicos no son propiedad del Gobierno, sino suya. De nosotros se habla con muchos prejuicios, pero un presupuesto de 231-235 millones, como hemos tenido estos cursos atrás, son 30 euros al año por ciudadano, 30 céntimos al día. Parte de nuestra programación está comprometida legalmente para causas sociales. Y somos el motor de la industria audiovisual en Cataluña, la única en catalán. Es una industria que ha saltado al mercado nacional, con Gestmusic, Mediapro…”.

¿Existe autocrítica en los medios públicos catalanes? “No vamos a defender según qué cosas, pero la enmienda a la totalidad no la aceptamos. Los errores se acaban tratando en el Consell Profesional o la comisión de control del Parlament”. Y nos recuerda que el mismo Consell denunció el caso del reportero –“de una empresa externa”– que se subió encima de un vehículo de la Guardia Civil. Pero “es todo tan desproporcionado que no da tiempo a pensar si la noticia tal del informativo se hizo de forma incorrecta, porque estás defendiéndote de la última barbaridad”.

Mercader se despide de nosotros confesando sus ganas de poder “recuperar los temas pendientes con tranquilidad, sin tanta presión. Cuando se calmen un poco los ánimos se debería hacer un análisis de todo lo que ha pasado en los medios en Cataluña, no solo en TV3. De cómo se puede perder audiencia por dejar de estar pegado a la realidad”.

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