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El artículo 155 de la Carta Magna es la medida más extraordinaria que contemplaron los constituyentes para impedir que una Comunidad Autónoma se desmandase. El Partido Popular, velando por los intereses de España, ha hecho uso del mismo en Cataluña y ya apunta a otras regiones cuya deriva bolivariana amenaza seriamente la convivencia, como puedan ser Euskadi, Navarra... o Castilla-La Mancha.

En la labor de servicio público que caracteriza al periodismo independiente, INFAMIA considera que no son las únicas. Otros territorios deberían sufrir con idéntico rigor todo el peso de la Constitución, ley fundamental que asegura a todo español trabajo, salario digno, techo, educación y sanidad. Algo que ustedes mismos pueden comprobar seguramente, tanto en su día a día como en el de sus más cercanos amigos y familiares.

Es pertinente recordar que el 155 es más un aviso a navegantes que necesario per se. La mayoría de administraciones locales de España se encuentran intervenidas de facto desde 2012, o bien a través de la Ley Montoro, o bien a través del control coercitivo que ejerce el Estado sobre su economía con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). De hecho, como la relación con el Ayuntamiento de Madrid evidencia, cualquier administración puede ser controlada por el Estado por la vía de intervenir sus cuentas.

1) Andalucía

Motivos

Andalucía es, con diferencia, la autonomía más fallida de las 17 que componen el actual rico mosaico de las Españas. La región continúa la última en todos los medidores de bienestar de la OCDE, es la que acumula mayores tasas de paro (25,4%) y la segunda en pobreza (41,7%). Todo ello, tras más de 30 años de autogobierno controlados por un solo partido, cuyo régimen clientelar rural y control de los medios de comunicación es innegable, en un sistema cuasi mafioso que ha protagonizado dos de los más graves (por cuantía económica y número de participantes) casos de corrupción de la democracia española (ERE e Invercaria). Esta gestión afecta incluso al Medio Ambiente (casos Nevada o Algarrobico) o el Patrimonio de la Humanidad (caso Alhambra), para colmo de males con una economía entregada al turismo.

Aplicación

La toma de control de Canal Sur por parte del Gobierno es el primer paso ineludible para la efectiva aplicación del 155. Igual que la colaboración de Josep Lluis Trapero, el Mayor de los Mossos, resultó imprescindible para restaurar la normalidad democrática en Cataluña, se prevé que sólo la aceptación pacífica por parte de Juan y Medio ayudaría a una impedir una resistencia violenta por parte del pueblo andaluz. En cuanto al despliegue de efectivos policiales, la complicación se presenta extrema para el acceso por tierra a las provincias de Granada y Almería, cuyas infraestructuras no están preparadas para el transporte moderno.

2) Comunidad de Madrid

Motivos

La comunidad Madrid exhibe desde hace décadas una patente desobediencia respecto al Estado que su situación geográfica o particularidades administrativas no deben ocultar. Es, de hecho, la comunidad más endeudada en proporción. Contraviniendo la Ley Montoro, continúa aumentando esa deuda de forma injustificada. Que no se hayan revertido los recortes sociales de los últimos gobiernos mientras se bajaban impuestos hace sospechar de un uso propagandístico o inadecuado de dicho gasto, probablemente destinado a la construcción de estructuras de Estado dentro del Estado. Actuaciones judiciales recientes, como el juicio del caso Gürtel, demuestran como organizaciones altamente especializadas en actuar al margen de la legalidad –el Partido Popular– usaron la propia estructura de la Comunidad de Madrid para financiarse. Finalmente, el actual Gobierno persiste en aprobar leyes que repiten los peores errores que nos llevaron a la actual crisis económica.

Aplicación

Dado que la mayoría de la Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional ya se encuentran en Madrid, la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no ofrece dificultades logísticas. A esto se añade que los madrileños ya piensan que todo cuanto les afecta es de carácter nacional, así que probablemente ni siquiera noten el cambio de autoridad. Por todo ello, se prevé que la aplicación del 155 a la Comunidad de Madrid sea la más sencilla de las contempladas.

3) Ceuta y Melilla

Motivos

Las ciudades autónomas viven en un estado de excepción constante desde prácticamente la creación del sistema autonómico, que se traduce en densas redes clientelares que promocionan la corrupción y una conflictividad social constante producto de la ausencia de políticas integradoras de inmigración. La condición de principal frontera física entre la Unión Europea y África recomienda una actuación decidida por parte del Estado.

Aplicación

En este caso se recomienda que el 155 lo aplique el Reino de Marruecos en lugar del Reino de España. La asimilación de Ceuta y Melilla en Marruecos trasladaría todos sus problemas al país vecino. Las devoluciones en caliente o agresiones policiales a migrantes dejarían de ser violaciones de los Derechos Humanos impropias de un país miembro de la Unión Europea. En el fondo, la misma UE estaría satisfecha, al tratarse de un paso más en la externalización del problema que ya lleva practicándose décadas con el propio Marruecos o, más recientemente, con Turquía.

4) Islas Canarias

Motivos

La insularidad del archipiélago, valga la redundancia, permite desde hace años que mantenga en un estado de semindependencia intolerable a la luz de los hechos acaecidos en Cataluña. Las islas afrontan una grave crisis de infraestructuras y, sobre todo, medioambiental (la red de reservas de la biosfera de la comunidad continua sin reunirse, por ejemplo, por no hablar de la crisis de las microalgas). Son probablemente el territorio nacional más en peligro por el cambio climático y la crisis migratoria, ambos problemas que desbordan el margen de actuación de un Gobierno local. Los partidos nacionalistas canarios, además, llevan años poniendo en jaque la gobernabilidad de España, sin ocultar sus simpatías por el separatismo catalán. Por no hablar de los cabildos insulares, en los cuáles la presencia del Estado en su papel de garante de la legalidad es, por decirlo de alguna manera, meramente testimonial.

Aplicación

Si el catalán dificulta intervenir las comunicaciones de los separatistas, el uso del silbo gomero anuncia enormes problemas para controlar los movimientos de la resistencia canaria. La ausencia de líderes destacados permitiría cierto margen de acción, y aunque la diáspora canaria pueda favorecer la internacionalización del conflicto, apoyos probables como los de Venezuela no harían sino ayudar al Estado español en la batalla de la propaganda contra el populismo.

5) Galicia

Motivos

La Xunta de Galicia ha demostrado en repetidas ocasiones y con diferentes partidos en su gobierno que es incapaz de enfrentarse a los graves retos medioambientales que se le plantean. El actual gobierno de Núñez Feijoo ya no manipula tan sólo en su región, como la Generalitat con TV3, sino que consigue introducir mensajes que inventan enemigos y apartan las responsabilidades de su gestión incluso en la prensa nacional, es decir, la redactada desde Madrid. Finalmente, por si la contrastada connivencia con el narcotráfico del actual presidente de la Xunta no fuese suficiente, la gran mayoría de las ciudades de la región se encuentran en manos del populismo bolivariano.

Aplicación

La inexistencia de policía autonómica en Galicia facilitaría la actuación la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al menos en los núcleos urbanos grandes. Sin embargo, el aislamiento, la ausencia de infraestructuras y la meteorología dificultarían el control de los municipios de menor tamaño. Se recomienda buscar la colaboración de la principal fuerza paramilitar que controla las comunicaciones de la zona, el Partido Popular. La Guardia Civil gallega, peor pagada y con más responsabilidades sobre el orden público que los Mossos D’Esquadra, podría no ser tan receptiva a acatar la ley como estos, pero por suerte es mucho menos experta a la hora de aplicar la violencia física.

BONUS

Diputaciones de Alicante, Castellón, Granada, León y Ourense

Motivos

El 155 sólo contempla su aplicación en Comunidades Autónomas, pues la Constitución no considera que otros territorios del Estado sean capaces de operar fuera de su marco. Sin embargo, en INFAMIA consideramos que está sobradamente probado como numerosos entes provinciales llevan años, si no décadas, funcionando al margen de cualquier tipo de legalidad vigente. Por ello instamos a las fuerzas políticas del país, siempre preocupadas por defender la democracia, a tomar cartas en el asunto.

En el caso de las cinco citadas, casi al azar, lo son por su trayectoria reciente, que recomienda actuaciones de carácter extraordinario. Alicante colecciona casos de corrupción que parecen no dejar de surgir. Castellón es, décadas ha, territorio independiente del Estado español controlado por familias de caciques locales. Granada ha protagonizado de tapadillo una trama de concesión de contratos ilegal con empresas pantalla vía Marruecos que salpica a todos los partidos. En León se ha llegado a asesinar a una presidenta de la Diputación y cerrado el juicio en falso. Y Ourense es la gran estrella del ‘caso Pokemon’, la Gürtel gallega.

Aplicación

Se recomienda en este caso usar técnicas de judo: la fuerza del contrario contra sí mismo. Las competencias de las diputaciones o los controles que existen sobre las mismas son tan nebulosos para la mayoría de ciudadanos de núcleos urbanos grandes que apenas notarían una intervención estatal. Y en cuanto a la parte útil de los organismos provinciales, atender los servicios públicos de los municipios pequeños, la corrupción y los recortes ya los han perjudicado tanto que probablemente las protestas sean menores.

Addendas

A) Recordamos, por cierto, tanto a Ciudadanos como a Podemos, que antes de rozar poder o tener cierta influencia en el Legislativo, ambos abogaban por la eliminación de las diputaciones provinciales.

B) Hacemos notar igualmente que la Comunidad Valenciana, a pesar de registrar problemas endémicos muy similares a los de Andalucía o Madrid, ha quedado fuera de esta lista. Esto es así debido a que en 2015 el gobierno valenciano si cambió de partido en el Gobierno, mientras que las dos anteriores mantienen a las formaciones culpables de los sistemas clientelares que generaron los EREs o la Gürtel. Curiosamente, pese a ser partidos diferentes y sobre el papel de ideologías antagónicas, ambos son apoyados por Ciudadanos para permitir gobiernos en minoría.

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