En esta entraga de #MarcaInfamia Adriana Espinosa describe las violaciones de los Derechos Humanos de las que se acusa a Broadspectrum, la filial australiana de Ferrovial, en los centros de detención de migrantes que esta empresa gestiona desde 2012 en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) y en la isla-Estado de Nauru (Estado de la Micronesia). 

El Relator de la ONU para los derechos de los migrantes ha pedido el cierre inmediato de ambos centros tras denunciar que las personas que llegan a las costas australianas son trasladas allí violando el Derecho Internacional. Las condiciones inhumanas que se dan en dichos centros han sido documentadas por el Senado australiano y las Naciones Unidas. Amnistía Internacional considera el sistema de tramitación creado por el Gobierno australiano es “tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”.

Medios como el periódico británico The Guardian se han hecho eco de “Los papeles de Nauru”. Se trata de informes filtrados por el personal de atención sanitaria y social que detallan todo tipo de violaciones de los DDHH ocurridos en este centro, incluyendo abusos sexuales a niños y niñas. Algunos de los testimonios implican a personal de Wilson Security, la empresa de seguridad subcontratada por Broadspectrum.

La respuesta de Ferrovial a los informes de Amnistía Internacional fue que su filial “no gestiona los centros y carece de capacidad para determinar el estatus de estas personas”. Esto se contradice con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Australia y cerca de 2000 personas retenidas en el centro de Manus, en el marco de una demanda colectiva presentada por éstas. Australia indemnizará con casi 70 millones de dólares australianos a los afectados, una parte de los cuales serán abonada por los proveedores de los servicios, incluída Broadspectrum.  Amnistía Internacional insiste en que Broadspectrum lleva la gestión diaria del RPC [Centro de Tramitación de Refugiados] y tiene el control efectivo de la vida cotidiana” de estas  personas”.

En 2016, el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea declaró la inconstitucionalidad del centro de Manus, pendiente ahora de cierre. El contrato de gestión de Broadspectrum con el gobierno de Australia finalizará en octubre de 2017 y Ferrovial ya ha anunciado que no será renovado.

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